Por el cual se fija el salario mínimo mensual legal EN COLOMBIA

C O N S I D E R A N D O:
Que el artículo 25 de la Constitución Política de Colombia establece que, “El trabajo es
un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades de la protección
especial del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y
justas.”
Que a su vez el artículo 53 de la Carta Política establece como uno de los principios
mínimos fundamentales en materia laboral una remuneración mínima, vital y móvil,
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo.
Que el artículo 333 superior dispone que la empresa tiene una función social que
implica obligaciones.
Que, a su turno el artículo 334 del mismo cuerpo normativo prescribe que, la dirección
general de la economía está a cargo del Estado, en la que intervendrá por mandato de
ley “(. . .) para racionalizar la economía con el fin de conseguir en el plano nacional y
territorial, en un marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida de
los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del
derecho y la preservación de un ambiente sano (. .. )”.
Que el literal d) del artículo 2º de la Ley 278 de 1996, establece que la Comisión
Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales contemplada en el
artículo 56 de la Constitución Política tiene la función de “Fijar de manera concertada el
salario mínimo de carácter general, teniendo en cuenta que se debe garantizar una
calidad de vida digna para el trabajador y su familia;”.

Que el inciso 1 ° del parágrafo del artículo 8° de la mencionada Ley 278 de 1996
prescribe que “Para la fijación del salario mínimo, la Comisión deberá decidir a más
tardar el quince (15) de diciembre. Si no es posible concertar, la parte o partes que no
están de acuerdo deben, obligatoriamente, explicar por escrito las razones de la
salvedad dentro de las cuarenta y ocho ( 48) horas siguientes. Las partes tienen la
obligación de estudiar esas salvedades y fijar su posición frente a ellas en el término de
las siguientes cuarenta y ocho ( 48) horas. De nuevo, la Comisión deberá reunirse para
buscar el consenso según los elementos de juicio que se hubieren allegado antes del
treinta (30) de diciembre”.
Que en sentencia C-815 de 1999, la Corte Constitucional al hacer el examen de
exequibilidad del parágrafo del artículo 8 de la Ley 278 de 1996, concluyó en el aparte
resolutivo que:
“(. . .) el Gobierno deberá motivar su decreto, atendiendo, con el mismo nivel e
incidencia, además de la meta de inflación del siguiente año, a los siguientes
parámetros: la inflación real del año que culmina, según el índice de precios al
consumidor; la productividad acordada por la Comisión Tripartita que coordina el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; la contribución de los salarios al ingreso
nacional; el incremento del producto interno bruto (P/8); y con carácter
preva/ente, que habrá de reflejarse en el monto del aumento salarial, la especial
protección constitucional del trabajo (art. 25 C.P.) y la necesidad de mantener
una remuneración mínima vital y móvil (art. 53 C.P.) la función social de la
empresa (art. 333 C.P.) y los objetivos constitucionales de la dirección general de
la economía a cargo del Estado (art. 334 C.P.), uno de los cuales consiste en
“asegurar que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan
acceso a los bienes y servicios básicos”.
Que la sentencia del 23 de marzo de 2017 proferida por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, radicación 11001-03-25-000-2016-00019-00 (0034-2016), indicó que para la
fijación del incremento del salario mínimo:
“deberá establecer con carácter preva/ente la especial protección constitucional
al trabajo (art. 25 C.P.) que deberá reflejarse en el monto del aumento salarial; la
necesidad de mantener una remuneración mínima vital y móvil (art. 53 C.P.); la
función social de la empresa (art. 333 C.P.) y los objetivos constitucionales de la
dirección general de le economía a cargo del Estado (art. 334 C.P.), uno de los
cuales consiste en “asegurar que todas las personas, en particular las de menos
ingresos, tengan acceso a los bienes y servicios básicos”.
Que, conforme con los datos publicados y presentados en sesión del 5 de diciembre de
2022 a la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales por
el Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE, la variación del índice
de Precios al Consumidor – IPC, que representa la inflación causada total nacional para
el período enero – noviembre de 2022 (variación año corrido), se calculó en 11.72%.
Adicionalmente, la variación de noviembre de 2022 con respecto a noviembre 2021
(variación anual) fue de 12,53%, así mismo, calculó el Índice de Precios al Consumidor
para Ingresos Bajos en 14.34%.
Que en la misma sesión del 5 de diciembre de 2022, el Departamento Administrativo
Nacional de Estadística – DANE dio a conocer que para el año corrido 2022 (enero –
septiembre), el resultado de la Productividad Total de los Factores fue de 1,24%; cifras
que previamente se presentaron y discutieron en la Subcomisión de Productividad.

Que en la sesión del 6 de diciembre de 2022, ante la Comisión Permanente de
Concertación de Políticas Salariales y Laborales fueron presentadas por parte del
Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE las mediciones sobre la
contribución de los salarios en el ingreso nacional, medida a través de la participación
de la remuneración a los asalariados dentro del ingreso nacional correspondiente al
32.1 % para el primer semestre de 2022; y, la cifra oficial del último dato del Producto
Interno Bruto – PIB publicado, del tercer trimestre corrido de 2022, en 9.4%.
Que respecto de la proyección anual de la variación del Índice de Precios al
Consumidor -IPC para el año 2022, el Banco de la República la estimó en 12.3% y
reiteró que sus acciones de política monetaria están encaminadas a conducir la
inflación a la meta del 7%, para el año 2023, datos que también fueron dados a conocer
en sesión del 6 de diciembre de 2022 ante la plenaria de la Comisión Permanente de
Concertación de Políticas Salariales y Laborales.
Que en sesión del 9 de diciembre de 2022 de la Comisión Permanente de Concertación
de Políticas Salariales y Laborales, las centrales obreras y de pensionados dieron a
conocer su posición respecto del incremento del salario mínimo mensual legal vigente,
fijando su propuesta en el 20%.
Que en sesiones del 12 y 14 de diciembre de 2022, el Gobierno Nacional presentó los
informes solicitados en la sesión anterior, sin embargo, no hubo una propuesta
adicional.
Que, en sesión del 15 de diciembre de 2022, los integrantes de la Comisión
Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales llegaron a un consenso
respecto del incremento del salario mínimo que regirá a partir del 1 de enero de 2023,
teniendo en cuenta además de la inflación anual causada, el dato de la inflación para
hogares pobres.
Que como consta en el Acta de Acuerdo del 15 de diciembre de 2022 suscrita por los
integrantes de la Com_isión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y
Laborales, se fijó de manera concertada y unánime el monto del salario mínimo
mensual legal vigente para el año 2023, acuerdo que se procede a acoger en el
presente Decreto, y de cuyo tenor se resalta:
“( .. .) acuerdan fijar como porcentaje del salario mínimo y el auxilio de transporte que
regirán a partir del 1 de enero de 2023, los siguientes porcentajes:

Artículo 2. Vigencia y derogatoria. Este Decreto rige a partir del primero (1 º) de enero
de 2023 y deroga el Decreto 1724 del 15 de diciembre de 2021.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Bogotá, o.e., a los 28 DÍAS DE DICIEMBRE 2022
EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,
LA MINISTRA DEL TRABAJO,
~~~M,
GLORIA INÉS RAMÍREZ RÍOS

¿Qué es y para qué sirve un decreto?

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DECRETO 2614 DE 2022 -28 DICIEMBRE -AUXILIO DE TRANSPORTE
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